El uso de tecnología de rastreo podría redefinir los límites de la privacidad en EE.UU., a medida que la Corte Suprema se prepara para decidir sobre un controversial caso de órdenes de geocerca.

Este caso surge de un robo a mano armada en una cooperativa de crédito en Virginia, donde un ladrón se llevó USD 195.000 usando un teléfono móvil que, sin saberlo, lo delató. La policía, frente a la falta de pistas, pidió a Google información de ubicación mediante una orden de geocerca, lo que ha generado un intenso debate sobre el equilibrio entre la seguridad y la privacidad.

Las órdenes de geocerca permiten a las autoridades rastrear dispositivos que estuvieron en un área específica en un momento dado. Esto ha provocado preocupaciones sobre la posibilidad de que tales acciones constituyan «registros irrazonables» según la Cuarta Enmienda de la Constitución. La Corte escuchará el caso el 27 de abril, y su decisión no solo influirá en el futuro de esta técnica, sino también en cómo se regula el acceso a datos privados almacenados por empresas tecnológicas.

Se espera que el fallo tenga repercusiones significativas en casos donde la tecnología juega un papel crucial en investigaciones criminales. La Corte Suprema debe resolver una cuestión fundamental: ¿hasta qué punto tiene derecho el gobierno a acceder a los datos personales sin una orden específica? La decisión se dará a conocer a finales de junio, marcando un posible cambio en la forma en que se protege la privacidad en la era digital.