El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dispuso una nueva serie de embargos preventivos y cautelares sobre bienes de los condenados en la causa Vialidad, en el marco de una segunda etapa de decomisos. La medida incluye el departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario.

Alcance de los embargos

La resolución, firmada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, alcanza a 144 bienes entre propiedades, vehículos y paquetes accionarios de distintas empresas. Entre ellos figuran departamentos en Puerto Madero que habría alquilado el empresario Cristóbal López, un dúplex con cinco cocheras y otro departamento con cocheras y baulera en el complejo Madero Center.

En Santa Cruz, las medidas recayeron sobre el terreno del Hotel La Aldea del Chaltén, lotes en El Calafate, el chalet de la expresidenta en la costanera de Río Gallegos y otras tres viviendas en esa ciudad.

También se incluyeron los más de U$S 5 millones que Florencia Kirchner tenía en una caja de seguridad del Banco Galicia, cuyo origen lícito no habría sido acreditado, y la reinscripción de embargos sobre vehículos de los condenados, como un Honda CR-V de Cristina Kirchner y automóviles de lujo de Lázaro Báez.

Qué implica la decisión

El tribunal aclaró que el embargo no implica una subasta inmediata ni altera la titularidad registral de los bienes por el momento, sino que busca asegurar su indisponibilidad jurídica mientras se sustancia el trámite de decomiso definitivo. La medida tampoco obliga a Cristina Kirchner a abandonar el departamento de San José 1111 de manera automática.

Antecedentes

Esta decisión se suma al decomiso de 111 bienes ordenado anteriormente, que actualmente está en manos de la Corte Suprema de Justicia. En noviembre, el tribunal había ordenado el decomiso de 20 propiedades de la familia Kirchner, 85 de Lázaro Báez y sus empresas, y seis inmuebles de otros acusados. En febrero, la Cámara Federal de Casación Penal convalidó ese criterio, pero la defensa de la expresidenta recurrió el fallo, por lo que el máximo tribunal tiene la palabra final.

El monto total que los condenados deben cubrir asciende a 685.000 millones de pesos, según lo establecido en la sentencia. Para justificar las nuevas medidas, el TOF 2 se remitió a la sentencia que determinó que la maniobra en la obra pública generó beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner, a través de las sociedades Hotesur y Los Sauces.