El juicio por corrupción que involucra al exministro de Transportes José Luis Ábalos comienza hoy, con la declaración de varios miembros del actual gobierno español. Este proceso tiene lugar un año y medio después de que un juez de la Audiencia Nacional lo señalara por supuestas irregularidades durante su gestión.

Ábalos, quien ocupó el cargo hasta 2021 y fue diputado hasta enero de este año, será juzgado por la Sala penal del Tribunal Supremo. Su inmunidad parlamentaria se mantuvo hasta su renuncia, y enfrenta graves acusaciones por presuntamente haber cobrado comisiones ilegales en la compra de barbijos durante los primeros meses de la pandemia.

En el centro del escándalo, se alega que Ábalos, junto a su exchofer Koldo García, recibió coimas de un proveedor para facilitar la contratación de estos insumos. Las acusaciones incluyen organización criminal, malversación, tráfico de influencias y cohecho, con penas que podrían alcanzar hasta 30 años de cárcel.

El exministro permanece en prisión preventiva desde noviembre del año pasado mientras se desarrolla el juicio. La Fiscalía Anticorrupción solicita para él 24 años de prisión, y la acusación popular reclama 30.

El juez encargado del caso, Ismael Moreno, destacó que, aprovechando su posición, Ábalos y sus coacusados podrían haber establecido una red para obtener beneficios económicos a través de contratos públicos. Hasta la fecha, la Guardia Civil no ha encontrado evidencia de un “botín millonario”, pero se han detectado indicios de favores recibidos por los implicados.

Las pruebas adicionales incluyen abusos en el alquiler de propiedades y la contratación de familiares en empresas estatales, sin que estos cumplan efectivamente con su trabajo. Estos elementos estarán en el foco del juicio, que se extenderá por veintitrés días y contará con más de 70 testigos, incluyendo a ministros y altos funcionarios del actual gobierno.

Además de este caso, el «caso Kitchen», que expone presuntos encubrimientos por parte del gobierno del Partido Popular, también está en marcha. Este proceso judicial busca esclarecer el uso de recursos del Estado para ocultar la financiación ilegal del partido, complicando aún más el panorama político español actual.