Los resultados finales de las elecciones presidenciales en Perú, realizadas el 12 de abril, no se anunciarán antes del 15 de mayo, lo que intensifica la desconfianza en un sistema electoral ya debilitado. La situación se complica con boletas halladas en un contenedor de basura y múltiples impugnaciones que obstaculizan el conteo de votos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) actualmente enfrenta un retraso debido a irregularidades en casi un millón de votos distribuidos en 5.143 actas observadas. Este escenario ha derivado en un estancamiento del proceso, dejando incierto el panorama electoral para los peruanos.

Los candidatos a disputar el balotaje del 7 de junio son Keiko Fujimori, quien ya tiene asegurado su lugar, y dos aspirantes: Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, quienes están en una lucha cerrada por el segundo puesto, con apenas 14.000 votos de diferencia.

El retraso en la divulgación de resultados se debe al examen detallado de las actas impugnadas. Este proceso, que toma aproximadamente tres días por cada caso, se complica por la simultaneidad de cinco elecciones, lo que incrementa las actas que deben analizarse.

Las impugnaciones surgen en un contexto de competencia reñida, donde partidos buscan prolongar el conteo con el objetivo de revertir resultados. Esto responde a la dinámica de desacreditar el sufragio del contrincante, alegando errores en actas debido a inconsistencias en cifras o datos ilegibles.

Además, se han reportado incidentes como la falta de boletas que dejó a unos 50.000 ciudadanos sin poder votar el día de las elecciones. Recientemente, se encontraron 1.200 boletas en un contenedor de basura en Lima, lo que ha suscitado mayores acusaciones en el proceso electoral.

Las investigaciones por parte de la fiscalía se han intensificado, y el JNE ha presentado denuncias contra su director y otros funcionarios por violaciones al derecho al voto. Mientras tanto, las acusaciones de fraude por parte de López Aliaga han sido realizadas sin evidencias concretas.

La misión de observación electoral de la Unión Europea ha señalado «graves fallos», pero no ha encontrado pruebas de fraude. López Aliaga ha exigido la anulación de las elecciones o la realización de comicios complementarios, propuestas que enfrentan un marco legal restrictivo.

El contexto actual refleja una profunda desconfianza hacia las instituciones peruanas, en un país que ha experimentado una notable inestabilidad política en la última década, con ocho presidentes en diez años.