El Gobierno de Javier Milei impulsa una reforma integral de la Ley General de Sociedades, que busca actualizar la normativa vigente desde 1972 para adaptarla a la economía digital y a las nuevas tecnologías. El proyecto, elaborado con participación del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría Legal y Técnica, fue presentado en el Senado en junio y volvió a generar debate esta semana.

La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, parte de la premisa de que la actual Ley 19.550 quedó atrasada frente a Internet, las plataformas digitales y la inteligencia artificial. Según el Gobierno, el marco jurídico vigente no contempla los nuevos modelos de negocios, y la reforma busca atraer inversiones y empresas vinculadas a la economía digital.

Los cinco ejes de la reforma

El proyecto se estructura en cinco objetivos principales: ampliar la autonomía de los socios, simplificar y digitalizar los registros, modernizar los tipos de sociedades, reforzar la responsabilidad de los administradores y adaptar la legislación a las nuevas tecnologías.

Entre las medidas previstas se destacan la constitución digital de sociedades, con la posibilidad de realizar el trámite íntegramente online; un legajo digital público para cada empresa; la creación de un Registro Nacional de Sociedades; la digitalización de los libros societarios y contables; cambios en el funcionamiento de las SRL y las sociedades anónimas cerradas; la incorporación de las SAS en un régimen societario general; nuevas herramientas para empresas de la economía digital; y el reconocimiento jurídico de las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO).

Las DAO y la Sociedad Automatizada, el punto más polémico

La parte más disruptiva del proyecto es la vinculada con las DAO (Decentralized Autonomous Organizations, u Organizaciones Autónomas Descentralizadas). Se trata de estructuras que pueden organizarse y tomar decisiones mediante reglas codificadas en software, generalmente con tecnología blockchain. En lugar de depender de una estructura empresarial tradicional, determinados aspectos de su funcionamiento pueden quedar establecidos mediante contratos inteligentes y mecanismos automatizados.

El proyecto busca otorgar reconocimiento legal a este tipo de organizaciones, lo que generó polémica por la posibilidad de sociedades sin personas humanas como integrantes directos. Desde el Gobierno aclaran que esto no implica que una computadora sea considerada literalmente una persona jurídica, sino que se busca reconocer organizaciones cuyo funcionamiento puede estar automatizado mediante código y tecnología. La reforma también contempla la figura de la “Sociedad Automatizada”, una empresa que opera con algoritmos o sistemas de inteligencia artificial sin necesidad de tener empleados para su funcionamiento cotidiano.

Además, el proyecto disminuye la tutela del Estado sobre la forma en que los socios organizan sus negocios: establece que las disposiciones de la ley tendrán carácter supletorio y que, en principio, prevalecerá lo determinado en el estatuto de cada sociedad.

Debate en el Senado y cruce entre Bullrich y Nissen

La iniciativa fue estudiada en la Comisión de Legislación General, que encabeza Nadia Márquez, y se estima que habrá al menos dos reuniones informativas más antes de tener un dictamen. Según la Agencia Noticias Argentinas, prácticamente todos los expositores peronistas cuestionaron el proyecto.

Uno de los momentos más tensos fue el cruce entre la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y el extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen. Nissen, quien condujo el organismo durante el gobierno de Alberto Fernández, rechazó el proyecto: “Hay que cambiar la ley 19.500, no lo dudo. Pero esto no, porque es la consagración de las sociedades comerciales como trampa, como ámbito de actuación deshonesta para que la gente de plata tenga más plata y bienes, y los trabajadores nunca disfruten nada”. Luego agregó: “Los vivos de siempre que vienen de Miami, vienen disfrazados de socios norteamericanos, hacen lo que quieren con la ley, la manipulan y resulta que después salen absolutamente ilesos”.

Bullrich lo cuestionó diciéndole que tiene una mirada “de carácter estrictamente político y no como un experto, sino como una persona que durante su gestión generó limitaciones estrictas a una ley de la Nación, siendo director de la IGJ, y eso es algo que no correspondía”.