El paro nacional universitario de 24 horas convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales (FreSU) afectó de forma general a las universidades públicas de todo el país este miércoles 12 de agosto. La medida, que incluyó una concentración en el Obelisco por la tarde, busca la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial para el sector.

Alcance de la medida

Las instituciones más afectadas fueron la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), entre otras.

La UBA, aunque mantuvo sus puertas abiertas, también sintió el impacto porque gran parte del cuerpo docente y no docente se plegó al cese de tareas. «Fue un paro muy importante», señaló Pilar Barbas, secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA).

El reclamo principal es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece mecanismos para actualizar salarios de docentes y no docentes, además de fondos para las universidades y becas estudiantiles. El sindicato AGD-UBA estima que la brecha salarial supera el 28% y denuncia que el incremento del 21,3% firmado por rectores y federaciones alineadas «no llega ni a cubrir la mitad de lo que nos deben».

Nuevo paro de la UBA

La Universidad de Buenos Aires anunció un paro nacional que se extenderá durante toda la semana próxima: comenzará el lunes 18 y finalizará el sábado 22. La medida fue confirmada por AGD-UBA «por la falta de respuesta» del Gobierno Nacional y el «sostenido ahogo presupuestario».

En este contexto, desde el área de Ciencia y Técnica de la UBA se convocó a una manifestación a las 16 en el Obelisco, a la que se plegarían algunos gremios.

Conflicto salarial y antecedentes

A fines de julio, Conadu Histórica resolvió no iniciar el segundo cuatrimestre, con un cese total de actividades a partir del 6 de agosto. El gremio reclamó un aumento salarial del 30% con cláusula gatillo y denunció que llevaba semanas sin convocatoria a la comisión paritaria.

En junio, la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obligaba al Estado a aplicar disposiciones de la ley vinculadas con el incremento salarial del personal docente y no docente, la convocatoria a paritarias y el aumento del presupuesto para becas.

El Gobierno había logrado un acuerdo salarial con la mayoría de las organizaciones gremiales universitarias que contempló una recomposición acumulada del 24,33%, distribuida en dos tramos: 21,33% sobre los salarios de mayo y otro 3% en octubre. También incluyó fondos adicionales para gastos de funcionamiento y recursos para hospitales universitarios, pero el entendimiento no desactivó el conflicto.

Posición del Gobierno

El Ministerio de Capital Humano calificó la medida de «política e ilegítima» y argumentó que «las transferencias están al día». Según un comunicado difundido en la previa del paro, ya transfirió $ 666.823 millones correspondientes a gastos en personal e incrementos salariales de junio y la primera cuota del aguinaldo, mientras que para julio asignó otros $ 448.544 millones. También convocó a una reunión paritaria para el 1 de septiembre.

Apoyo a docentes de Tierra del Fuego

El FreSU expresó su «profundo apoyo y solidaridad» con las y los docentes de Tierra del Fuego, que llevan 9 días de huelga reclamando el Salario Mínimo Vital y Móvil. El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) inició un paro por tiempo indeterminado el 3 de agosto exigiendo, entre otros puntos, recomposición salarial para alcanzar el Salario Mínimo Vital y Móvil de $3.000.352 y el tratamiento de un proyecto de Ley de Financiamiento Educativo.