El acuerdo alcanzado entre el Poder Ejecutivo Nacional y la firma Starlink, de Elon Musk, para dotar de conectividad satelital a escuelas rurales reavivó el reclamo histórico por la erradicación de la brecha digital en la Argentina, donde la conectividad es fuerte en los centros urbanos y débil en regiones como la Patagonia y el Norte grande.

Sin embargo, un análisis del convenio expone un severo menoscabo a los recursos fiscales y un desmantelamiento deliberado de la soberanía tecnológica nacional, según una columna de opinión publicada por Perfil.

Los números del acuerdo

La operación se estructura inicialmente mediante una figura de “donación con cargo” de U$S 10 millones por parte de la compañía privada, para el despliegue de kit receptores e infraestructura durante los primeros 24 meses.

Pero este aporte está subordinado a una contrapartida del Estado nacional, a través de los recursos que todavía quedan del ex Fondo del Servicio Universal, por un monto superior: U$S 12 millones. Es decir, el Estado pone más que el “donante”.

La distorsión más severa se consolida a partir del tercer año, cuando el Estado se compromete a abonar un canon mensual de US$ 160 por establecimiento educativo. Esta cifra triplica la tarifa que maneja la empresa estatal ARSAT, cuyo costo de provisión satelital para prestaciones análogas oscila entre los US$ 60 y US$ 70 mensuales por nodo.

Críticas al convenio

El acuerdo también fue cuestionado porque prescindió de los mecanismos de contratación pública, como licitaciones, compulsas de precios o subastas, y omitió especificaciones sobre el nivel de servicio, latencia garantizada, tasas de transferencia y límites de consumo de datos.

Además, la relegación de ARSAT vacía de contenido la inversión pública previa en desarrollo de comunicaciones, que suma 20 años de trabajo e inteligencia nacional, y profundiza la dependencia tecnológica respecto de constelaciones de órbita de propiedad privada y jurisdicción extranjera.