Editorial Perfil presentó una demanda judicial en la Argentina contra las empresas tecnológicas OpenAI y Microsoft. La presentación establece que las firmas utilizaron el material periodístico producido por la editorial para entrenar y desarrollar sus modelos de inteligencia artificial generativa, sin haber solicitado autorización previa ni remunerar a los creadores de la información.

Con esta acción legal, Perfil se convirtió en el primer medio de comunicación hispanohablante en litigar contra estas compañías. La medida se suma a reclamos presentados previamente por otros medios internacionales, como The New York Times y Folha de Sao Paulo.

Argumentos y alcance de la presentación judicial

El director ejecutivo de Perfil, Agustino Fontevecchia, detalló los motivos del reclamo durante la 64ª Asamblea General de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), llevada a cabo en Tucumán. Según explicó, la demanda se fundamenta en daños y perjuicios provocados por la extracción, comercialización y uso indebido de los contenidos, sumado a la existencia de competencia desleal en un contexto oligopólico.

Entre los puntos principales señalados respecto del conflicto se destacan:

  • Uso no autorizado: Se extrae y monetiza información periodística disponible en la red sin pagar a los medios productores.
  • Esquema de mercado: Las grandes empresas de inteligencia artificial operan con un marcado poder de mercado que les permite imponer condiciones.
  • Búsqueda de precedentes: El reclamo judicial apunta a forzar una negociación para reconocer los derechos de propiedad intelectual.

El escenario a nivel internacional

La disputa de Perfil con OpenAI y Microsoft replica discusiones que se desarrollan en otros países sobre los derechos de autor en la era digital. En el plano global, las demandas enfrentan posturas encontradas. En Estados Unidos, por ejemplo, el Departamento de Justicia intervino en la causa impulsada por The New York Times y otros medios para respaldar a OpenAI, argumentando que una resolución favorable a los editores implicaría un beneficio desproporcionado para los medios tradicionales.