La causa por el doble crimen de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, abusadas y asesinadas en Salta en 2011, sumó un nuevo planteo judicial. El Ministerio Público Fiscal de esa provincia solicitó declarar la nulidad del sobreseimiento de Walter Lasi, padre de Gustavo Lasi, el único condenado que tiene el caso.

La presentación realizada por la Unidad Fiscal —creada de forma específica para revisar la causa— abarca una serie de resoluciones dictadas entre julio de 2012 y mayo de 2013, las cuales habían dejado al padre del condenado fuera del expediente. Los fiscales remarcan que aquellos fallos estuvieron afectados por graves irregularidades y pidieron que sean analizados nuevamente para determinar su eventual responsabilidad penal.

Los fundamentos del planteo de la Fiscalía

Uno de los ejes del pedido se apoya en la doctrina de la arbitrariedad. Según los investigadores, durante la etapa de instrucción se evaluaron con criterios desiguales elementos probatorios de similar naturaleza entre los distintos imputados.

Entre los indicios mencionados en el escrito aparecen evidencias genéticas, la presencia o cercanía en el lugar del hecho, el secuestro de armas y contradicciones en declaraciones testimoniales. Desde la fiscalía indicaron que mientras esos elementos sirvieron para incriminar a otros sospechosos, en el caso de Walter Lasi fueron interpretados de manera favorable.

Respecto de los otros acusados en el proceso original, Daniel Vilte Laxi resultó absuelto en el juicio llevado a cabo en 2014. Por su parte, Santos Clemente Vera también obtuvo la absolución en esa instancia, pero en 2016 el Tribunal de Impugnación revirtió el fallo y lo condenó a prisión perpetua, medida que fue dejada sin efecto posteriormente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Cosa juzgada írrita y presunta evidencia plantada

Además de la arbitrariedad en la valoración probatoria, la presentación incluye el pedido de aplicación de la doctrina de la cosa juzgada írrita. Se trata de un recurso de excepción que permite revisar decisiones judiciales firmes cuando se demuestra que fueron tomadas en un marco legal viciado por irregularidades.

En ese contexto, la representación del Ministerio Público Fiscal apuntó que al momento de definir las situaciones procesales de los imputados se tomaron en cuenta pruebas sobre las cuales existían advertencias previas respecto a que habrían sido plantadas para desviar el curso de la investigación.