Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados propone crear un marco regulatorio específico para el crédito que ofrecen las billeteras virtuales y otras empresas fintech, en un contexto de aumento de la morosidad y del sobreendeudamiento de los hogares.

La iniciativa, impulsada por el diputado nacional Pablo Juliano (Provincias Unidas-Buenos Aires), busca fijar estándares de transparencia y responsabilidad en el otorgamiento de financiamiento, y plantea mecanismos de protección para los consumidores que atraviesan situaciones de endeudamiento crítico.

Regulación de interfaces y prácticas digitales

Uno de los ejes centrales es la regulación de las interfaces digitales utilizadas para ofrecer crédito. El proyecto propone prohibir los denominados "dark patterns" y mecanismos de gamificación diseñados deliberadamente para ocultar el costo real del financiamiento, incentivar un endeudamiento acelerado o presionar a los usuarios con notificaciones permanentes sobre créditos preaprobados.

Además, establece requisitos para los sistemas automatizados de evaluación crediticia: los algoritmos y mecanismos de scoring deberán ser transparentes y auditables, y contar con revisión humana, con el objetivo de evitar decisiones opacas o sesgos discriminatorios.

Evaluación integral y protección al deudor

La propuesta también incorpora la obligación de realizar una evaluación integral de la situación económica del usuario antes de concederle nuevo financiamiento, para evitar que las personas acumulen compromisos en distintas plataformas sin que las entidades consideren su nivel de endeudamiento previo.

En materia de cobranza, se prohíben modalidades de hostigamiento, intimidación o violencia económica en la gestión de las deudas.

Rehabilitación financiera y segunda oportunidad

Para los casos de insolvencia o sobreendeudamiento estructural, el proyecto crea un procedimiento judicial de rehabilitación financiera. Este mecanismo contempla planes de pago adecuados a los ingresos reales del deudor, la modificación de intereses, cargos y penalidades, y la suspensión temporal de ejecuciones que puedan poner en riesgo la subsistencia o afectar bienes esenciales.

También se establece un mecanismo de "segunda oportunidad": si el usuario actúa de buena fe y cumple sustancialmente con el plan de pagos homologado judicialmente, el juez podrá disponer la extinción total o parcial de las deudas pendientes.

Un problema "sistémico"

Juliano sostuvo que el crecimiento del endeudamiento mediante billeteras virtuales debe considerarse un problema que trasciende la relación entre particulares. "Cuando millones de personas necesitan endeudarse para comer, para curarse o para llegar a fin de mes, y al mismo tiempo crecen la mora y los niveles de incumplimiento, estamos frente a un problema económico y social de carácter sistémico", afirmó.

El diputado remarcó que el objetivo es compatibilizar el cumplimiento de las obligaciones con la posibilidad de que los deudores recuperen su situación económica. "Una persona debe pagar sus deudas, pero el sistema tampoco puede condenarla a permanecer excluida o endeudada de por vida", agregó.