El caso del exdirector de la Escuela Provincial 733 de San Vicente, Juan Carlos Kategora, que acumuló 3.363 días de licencia en 18 años, llegó a la Justicia penal. El diputado provincial del PAyS Cristian Castro presentó una denuncia ante la Fiscalía de Instrucción Penal N°1 por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y falsedad ideológica reiterada en instrumento público.

Los hechos denunciados

Según la documentación incorporada a la denuncia, Kategora fue nombrado director de la escuela rural en 2004 y desde 2006 acumuló 3.363 días de licencia por distintos motivos: enfermedades comunes, cuidado de familiares, tratamientos médicos prolongados y desempeño de funciones jerárquicas en organismos provinciales. Durante ese período, también figuraba como empleado de Energía de Misiones (EMSA). El Consejo General de Educación (CGE) ya solicitó información a la empresa para determinar si cumplía tareas mientras estaba de licencia en Educación.

La denuncia también pide que se investiguen los viajes al exterior de Kategora. Para eso, solicitó un informe a la Dirección Nacional de Migraciones. Además, se busca reconstruir sus salarios, licencias y haberes liquidados durante el período investigado, tanto en el CGE como en EMSA.

Aceptaron la renuncia, pero el sumario continúa

Kategora presentó su renuncia al cargo cuando las irregularidades tomaron estado público. El CGE aceptó la renuncia en su última sesión, según confirmó su presidenta, Daniela López. Al aceptarla, no se le liquidarán los haberes de agosto y septiembre en adelante. Sin embargo, el sumario administrativo continuará por un plazo máximo de seis meses para determinar si existieron certificados de salud falsificados. “No vamos a dejar que la situación cierre así”, afirmó López.

La funcionaria explicó que la modalidad que utilizaba el docente consistía en licencias interrumpidas por presencialidad y retomadas después. En 2019 se detectó un exceso en los plazos y se aplicó un descuento del 50% de los haberes. En 2022, el director intentó acceder a la jubilación, pero el trámite no prosperó por falta de aportes y edad requerida.

Debido a la renuncia, el CGE no puede aplicar sanciones administrativas habituales como apercibimiento o descuentos de haberes. Por eso, el cuerpo de asesores legales deberá elaborar un dictamen para actuar en consecuencia. A su vez, se aguarda el informe del IPS sobre el desempeño del agente para esclarecer si existió incompatibilidad de funciones.

Responsabilidades de terceros

El diputado Castro sostiene que la salida del sistema educativo no puede clausurar la investigación. La denuncia plantea la posibilidad de que existan responsabilidades de terceros dentro de los organismos que autorizaron, tramitaron o controlaron las licencias. Se trata, por ahora, de una hipótesis que deberá evaluar la Justicia. Además, Castro pidió que se incorporen los legajos de Kategora y todo el expediente de la investigación administrativa.