El Gobierno formalizó ante el Tribunal Constitucional (TC) un requerimiento para impugnar el artículo 31 de la megarreforma, que establece la reconexión gratuita de servicios básicos en zonas afectadas por incendios. La acción fue ingresada el sábado con las firmas del presidente José Antonio Kast, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; el titular de Segpres, José García; la ministra de Energía, Ximena Rincón; y el ministro de Obras Públicas y Transporte, Louis de Grange.

Según argumentó Hacienda, la norma es inconstitucional por exceder la idea matriz del proyecto, lo que infringiría el artículo 69 de la Carta Magna. Quiroz ya había hecho una reserva de constitucionalidad en el Congreso tras la aprobación en el Senado.

Qué dice el artículo impugnado

La disposición, impulsada por una indicación de la diputada Sofía González (PC), obliga a las empresas distribuidoras de agua potable, electricidad y gas a reconectar gratuitamente los servicios en las zonas afectadas por los incendios de Valparaíso, Ñuble y el Biobío, incluso si la interrupción se debió a falta de pago.

El requerimiento se conoció el martes, generando sorpresa en el ministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, quien admitió que no había sido informado de la medida. En La Moneda reconocen que el tema se conversó en el comité político, pero que la decisión final no fue notificada a Interior.

Críticas de la CPC

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, respaldó la decisión del Ejecutivo, aunque dijo que habría preferido un veto. En declaraciones a radio Infinita, calificó el artículo como «bastante complejo» y señaló que impone plazos de 24 y 48 horas para reponer las conexiones, incluso sin pago previo, lo que consideró «operativamente imposible» en zonas de catástrofe.

Jiménez también advirtió sobre el impacto financiero: «Es financieramente inabordable, los servicios básicos tienen tarifas reguladas y cuando tú le impones mayores exigencias sin un reconocimiento tarifario, lo que hace es estresarla financieramente», afirmó. A su vez, señaló que en emergencias muchas veces no se puede ingresar a realizar reconexiones por inundaciones o incendios, y que la prioridad debería ser restablecer los servicios para los efectivamente afectados.

«Yo habría preferido un veto, pero ir al TC, sobre todo además haciendo ver que esto sale de las ideas matriz del proyecto, tal como lo señala el Ejecutivo», sostuvo Jiménez.