La crisis de Flybondi sumó un nuevo capítulo judicial. Por pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Justicia ordenó embargar las cuentas de la aerolínea low cost por deudas que superan los $1.500 millones. La medida fue dispuesta por distintos Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias de la Ciudad de Buenos Aires, tras las demandas presentadas el 11 de agosto.

Qué reclama ARCA

Según la documentación judicial, ARCA inició al menos seis ejecuciones fiscales por obligaciones de períodos comprendidos entre marzo y junio de este año. En cinco de esos expedientes, el capital reclamado ronda los $1.525 millones. A esa cifra se suma un 15% previsto para intereses y costas, por lo que las cautelares podrían alcanzar aproximadamente los $1.754 millones. El monto global podría ser mayor, ya que resta conocer el detalle de otro de los expedientes.

En otras actuaciones, aparecen reclamos por retenciones de Ganancias, IVA y Bienes Personales que, en conjunto, superan los $1.250 millones, también con adicionales por intereses y costas. En varios casos, Flybondi habría actuado como agente de retención y percepción, es decir, recaudaba fondos que debían ser ingresados al fisco.

Alcance del embargo

ARCA solicitó que los embargos alcanzaran cuentas corrientes, cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo, inversiones y otros fondos de los que Flybondi fuera titular o cotitular. También pidió que la medida incluyera los fondos que ingresaran con posterioridad hasta completar las sumas reclamadas.

Finalmente, los tribunales dispusieron embargos generales bancarios, aunque con limitaciones: quedaron excluidas las cajas de seguridad. La medida tiene carácter cautelar y no implica la suspensión de las actividades de la aerolínea.

La situación de la empresa

La avanzada de ARCA se da en uno de los momentos más delicados para Flybondi. La compañía no vuela desde comienzos de agosto, aunque continúa vendiendo pasajes. Además, enfrenta reclamos de trabajadores y exempleados: según denuncias, mantiene deudas por salarios de junio y julio y el medio aguinaldo con parte del personal. Más de 700 exempleados aseguran que llevan más de tres meses sin cobrar indemnizaciones por despidos y acuerdos de retiro voluntario homologados ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo). También trascendieron problemas con el pago de aportes patronales.