La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha iniciado un proceso de consulta pública para nuevas normativas que facilitarán la emisión de acciones, obligaciones negociables, fideicomisos y fondos comunes de inversión en el mercado argentino, con el objetivo de aumentar la demanda de financiamiento empresarial.

La propuesta busca reemplazar las autorizaciones previas por trámites automáticos, permitiendo que las empresas notifiquen a la CNV sobre sus intenciones de emisión, que luego quedará sujeta a la normativa de información existente. Esta medida pretende que las empresas aprovechen las condiciones del mercado para realizar emisiones en los momentos más favorables.

El presidente de la CNV, Roberto Silva, afirmó que esta es una transformación significativa para el mercado local y ofrecerá a los directores financieros más previsibilidad en sus decisiones. Sin embargo, resaltó la necesidad de que las empresas asuman mayores responsabilidades al operar en este nuevo marco.

El cambio se alinea con las políticas de desburocratización del gobierno, buscando facilitar las colocaciones en el mercado. Con la autorización automática, los fondos comunes de inversión abiertos y las obligaciones negociables podrán ser emitidos sin la autorización previa, acelerando así su acceso al capital.

La CNV también contempla reducir el umbral de garantías necesarias para inversores calificados, pasando de 350.000 a 200.000 UVA, promoviendo así un acceso más amplio al ámbito del financiamiento. Esto podría potencialmente abrir la puerta a mayores inversiones tanto de individuos como de instituciones.

Desde el cambio de Gobierno, se ha observado un incremento del 90% en la actividad del mercado de capitales. Las proyecciones indican que la llegada de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) podría aportar un flujo adicional de US$1000 millones al sistema financiero argentino.

Las resoluciones propuestas estarán abiertas a consulta pública hasta el 27 de mayo, tras lo cual se publicarán los textos definitivos. A futuro, se espera que estas reformas mejoren el acceso al financiamiento para las empresas y, por ende, puedan beneficiar al ciudadano común a través de un mercado más dinámico y robusto.