La actual conducción de Deportivo Español, encabezada por María Sol Méndez, anunció que llevará a la Justicia a Ricardo Caruso Lombardi por presuntas irregularidades en la concesión y explotación de dos canchas de césped sintético ubicadas en el predio del club, en el barrio porteño de Bajo Flores.

Según una auditoría realizada por la institución, el exentrenador y exmanager habría obtenido la explotación de las instalaciones hasta el año 2036 a través de Uriel Videtta y la firma Zoe Capital. El acuerdo cuestionado fue firmado durante la gestión anterior de Diego Elías y, de acuerdo con la actual comisión directiva, no fue sometido al tratamiento ni aprobación de la Comisión Directiva ni de la Asamblea del club.

Las irregularidades detectadas en el contrato

La investigación interna realizada por Deportivo Español expuso diversos puntos críticos en la relación contractual:

  • Falta de pago del canon: El convenio fijaba un monto de $1.000.000 anuales por una hora diaria de uso de las canchas, pero la institución sostiene que nunca recibió dicho dinero.
  • Limitaciones a los juveniles: El acuerdo restringía la utilización de las instalaciones por parte de las divisiones inferiores del club a tan solo una vez por semana.
  • Explotación irregular de un buffet: Durante el período de la concesión se subconcesionó un espacio gastronómico sin los permisos correspondientes. El lugar funcionó sin habilitación hasta que fue clausurado de forma definitiva por la Agencia Gubernamental de Control a causa de distintas infracciones.
  • Falta de permiso sobre los terrenos: El acuerdo se habría suscripto cuando el club aún no contaba con la autorización de uso de los terrenos por parte de la Ciudad de Buenos Aires, trámite que recién se concretó en diciembre de 2025.

Analizan sumar una denuncia por extorsión

Además de los aspectos vinculados a la explotación del predio, la dirigencia evalúa sumar nuevos elementos a la causa penal. Según señalaron los directivos, Caruso Lombardi habría advertido que realizaría fuertes cuestionamientos públicos contra ellos si no modificaban la postura de dar de baja el convenio.

Frente a estos hechos, la institución alista una denuncia penal que contempla acusaciones por presunta usurpación, estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita, además de analizar si los cruces posteriores configuran el delito de extorsión.