Diputados provinciales de Chaco presentaron y ratificaron una denuncia penal ante la Justicia para investigar una serie de pagos millonarios realizados por la Administración Tributaria Provincial (ATP). La presentación fue impulsada por los legisladores Santiago Pérez Pons, Nicolás Slimel y Sebastián Benítez Molas, quienes cuestionan el destino de $1.887 millones canalizados hacia la empresa estatal ECOM Chaco S.A.

La causa busca establecer la responsabilidad funcional de la administradora general del organismo tributario, Bibiana Massiel Kuncheff, y del ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, José Alejandro Abraam. Según los denunciantes, se pretende determinar si el mecanismo utilizado permitió eludir las normativas vigentes que rigen las contrataciones públicas.

Los montos y la operatoria bajo investigación

De acuerdo con la documentación volcada en el expediente, la suma global de $1.887 millones se estructuró en tres pagos de $629 millones cada uno. Los fondos pertenecientes a la ATP figuraron destinados a ECOM Chaco S.A. en concepto de servicios de consultoría y asesoría. El objetivo judicial es reconstruir el circuito de fondos y esclarecer de qué manera la firma estatal seleccionó al proveedor privado que finalmente ejecutó los trabajos.

Uno de los comprobantes adjuntados es la Orden de Pago N° 74238, correspondiente a la tercera cuota, por un importe bruto de $629 millones y un neto liquidado de $618.604.649,19 tras las retenciones. El registro contable imputó el gasto a la partida “De informática y sistemas computarizados”, a pesar de que el detalle de la glosa especificó “Servicio de consultoría cuota 3/3-ECOM Chaco”. Los legisladores remarcaron esta discrepancia para determinar si existió una reasignación presupuestaria irregular o la comisión de malversación de caudales públicos.

Hipótesis penales solicitadas

La presentación ante el Ministerio Público plantea diversas figuras jurídicas sujeto a investigación:

  • Malversación de caudales públicos y administración fraudulenta.
  • Abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y omisión de actos de oficio.
  • Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y peculado.
  • Enriquecimiento ilícito como línea de investigación complementaria.

Vínculo con una licitación posterior

La denuncia también hace referencia a un procedimiento administrativo posterior: el Concurso Público N° 01/2026 impulsado por Fiduciaria del Norte, con apertura de ofertas realizada el 31 de agosto. El llamado tiene por objeto la contratación por 48 meses de una consultoría integral orientada a los sistemas y procesos tributarios de la propia ATP.

Los denunciantes solicitaron verificar si existe continuidad técnica entre los informes o diagnósticos abonados previamente a ECOM Chaco y las especificaciones fijadas en el nuevo pliego. Conforme a lo informado por Pérez Pons, la cotización de menor valor en el concurso se ubica cerca de los $653 millones mensuales, lo que significaría una erogación cercana a los $31.340 millones por la totalidad del contrato de cuatro años.