El Juzgado Federal Criminal y Correccional N.° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Juan Tomás Rodríguez Ponte, resolvió procesar a Maximiliano Ariel Vallejo, a otras 17 personas y a nueve sociedades vinculadas al grupo Sur Finanzas. La resolución se dio en el marco de una investigación por asociación ilícita, lavado de activos, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social.

Además de dictar el procesamiento, el magistrado ordenó la prisión preventiva de Vallejo, la cual se cumplirá bajo la modalidad de arresto domiciliario con tobillera electrónica en una vivienda del barrio Fincas de San Vicente. Como parte de las medidas cautelares, el imputado deberá entregar sus documentos de viaje y no podrá administrar empresas del grupo ni operar cuentas bancarias, billeteras virtuales o activos virtuales sin previa autorización judicial.

Prisión preventiva y millonarios embargos

La justicia fijó un embargo de $40.000 millones sobre los bienes de Maximiliano Ariel Vallejo, a quien la resolución atribuye el rol de jefe u organizador de la presunta asociación ilícita. Un monto idéntico de $40.000 millones fue trabado sobre el patrimonio de su madre, Graciela Beatriz Vallejo, señalada por tener una intervención central en la estructura societaria, financiera y patrimonial de la firma.

El tribunal también determinó embargos para el resto de las personas físicas involucradas en la causa:

  • María Fernanda Sena Argis: $20.000 millones.
  • Gerardo Salvador Carrozza: $10.000 millones.
  • Silvia Torrado, Bárbara Denise Sena Argis y Maite Sofía Lorenzo: $5.000 millones cada una.
  • Sergio Gabriel Da Silveira: $4.000 millones.
  • Juan Ramón Cervín, Rolando Esteban Soloaga y Daniela Eliana Sánchez: $500 millones cada uno.
  • Jonathan Leonardo Ledesma: $200 millones.
  • Micaela Alejandra Sánchez, Susana Beatriz Hoffmann y Nahiara Gamarra: $50 millones cada una.
  • Juan Miguel Soler y César Abilio Zapaia: $20 millones cada uno.
  • Cecilia Elizabeth Fioretti: $10 millones.

En el caso de las personas jurídicas investigadas, los embargos alcanzaron los $30.000 millones para Sur Finanzas Group S.A. y Sur Finanzas PSP S.A.; $10.000 millones para Centro de Inversiones Concordia S.R.L.; $5.000 millones para Cluster Palace Beach S.A. y Gestiones San Miguel S.A.; $2.000 millones para Ars Cambios S.A.S.; y $1.000 millones para Roma Inversiones S.A., Neocam S.A.S. y Sur Pagos S.A.

Inmuebles y vehículos bajo decomiso

La resolución judicial ordenó medidas cautelares sobre bienes muebles e inmuebles con fines de decomiso. Entre las propiedades alcanzadas figuran un inmueble en el Saint Thomas Este Country Club de Canning, unidades atribuidas a Graciela Vallejo, la casa central de Sur Finanzas ubicada en Seguí 764/768/780 de Adrogué, otra propiedad en Seguí 745 y un lote en Fincas de San Vicente, además de diversos vehículos vinculados a los imputados y a las firmas del grupo.

La maniobra financiera e hipótesis judicial

Según la investigación, la estructura habría funcionado entre el 21 de septiembre de 2020 y el 1° de diciembre de 2025. El fallo sostiene que la organización operaba mediante una red de sociedades, cuentas bancarias y una billetera virtual que funcionaban de manera intercambiable para ingresar fondos de origen ilícito al circuito económico formal, mover dinero entre empresas e integrantes de la red, adquirir bienes y evadir obligaciones tributarias.

Uno de los puntos centrales de la causa se focaliza en la agencia de cambio Centro de Inversiones Concordia S.R.L., donde el Banco Central detectó inconsistencias y operaciones que superaron los USD 103,5 millones por fuera de las normativas vigentes. A su vez, el tribunal señaló que tan solo en el tramo relativo a la billetera virtual, una certificación de origen de fondos firmada por Vallejo omitió declarar $19.938.054.800 acreditados en enero de 2025.