La administración de Donald Trump presentó este viernes un pedido ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que le permita seguir con la construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, mientras apela la orden judicial que dispuso detener las obras.

El conflicto judicial

El proyecto, valuado en 400 millones de dólares, está terminado en un 65% y la Casa Blanca sostiene que frenarlo ahora generaría una situación de “caos”. El procurador general, D. John Sauer, pidió que los jueces suspendan de inmediato la decisión adoptada la semana pasada por un panel de tres magistrados del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia.

El 7 de agosto, en un fallo de dos votos contra uno, los jueces resolvieron que Trump debe paralizar la construcción porque el Congreso no aprobó el proyecto. La mayoría del panel concluyó que el presidente no tiene autoridad ilimitada para rediseñar y reconstruir de forma drástica la Casa Blanca. “Cada presidente es un inquilino temporal, no el propietario, de la Casa Blanca y su residencia ejecutiva”, escribieron los jueces Patricia A. Millett y Bradley N. Garcia en su opinión mayoritaria.

Los argumentos del gobierno

La disputa gira en torno a un salón de baile de 8.400 metros cuadrados (90.000 pies cuadrados). Las obras comenzaron en el lugar que ocupaba el Ala Este, demolida por orden de Trump en octubre pasado.

El gobierno sostiene que la orden judicial es extraordinaria y vulnera la autoridad presidencial sobre la residencia oficial. En su presentación, Sauer escribió que el caso “detendrá la construcción en curso del complejo militar integrado, incluido un espacio de salón de baile totalmente seguro, en el Ala Este de la Casa Blanca, que es importante para la seguridad nacional”.

La administración también argumenta que el estado actual de la obra, convertido en un gran sitio de construcción, dificulta la protección de la Casa Blanca. “Detener el proyecto paralizará esta construcción vital, lo que hará que este presidente, objeto de recurrentes intentos de asesinato, esté mucho menos seguro y pondrá en riesgo la seguridad de los futuros presidentes”, dice el documento.

Plazos y próximos pasos

El fallo del tribunal de apelaciones comenzará a regir el 21 de agosto, por lo que el gobierno busca una intervención del máximo tribunal antes de esa fecha. Los jueces habían suspendido por dos semanas la aplicación de su propio fallo para dar tiempo a la administración a recurrir. Este viernes, el procurador general pidió que la Corte Suprema resuelva antes de que ese plazo expire.