Las principales organizaciones de taxistas de La Plata, Berisso y Ensenada presentaron una nota dirigida al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para expresar su rechazo a la implementación del nuevo carnet profesional destinado a los trabajadores del transporte público de pasajeros.

Quiénes firman el reclamo

La presentación lleva la firma de diversas entidades del sector, entre ellas la Unión de Propietarios de Autos Taxis (UPAT), el Centro de Ayuda al Taxista y Afines (CATA), Taxistas Unidos La Plata, la Asociación Civil Taxistas 7 y 51, la Asociación de Propietarios de Taxis (APT), el Sindicato de la calle 43 y representantes de los servicios de taxis de Berisso y Ensenada.

Los motivos del rechazo

En el documento, las entidades cuestionaron la nueva normativa por considerarla implementada sin el consenso de los trabajadores y señalaron que no contempla la realidad económica que atraviesa la actividad. Uno de los principales cuestionamientos es el costo del trámite: la renovación del carnet, que hoy ronda los 22.000 pesos, pasaría a costar alrededor de 300.000 pesos.

Los taxistas sostuvieron que ese incremento representa una carga excesiva, especialmente para los conductores que dependen exclusivamente de la actividad para sostener a sus familias. Además, remarcaron que el servicio ya está sujeto a controles municipales y recordaron que los vehículos cuentan con las habilitaciones correspondientes otorgadas por las autoridades locales.

También señalaron que, aunque los taxis pueden trasladar pasajeros hacia cualquier punto del país, no están autorizados a captar viajes fuera de sus jurisdicciones de origen. Por eso, consideran que el nuevo carnet no responde a las características específicas de la actividad y lo calificaron como un mecanismo con fines recaudatorios que podría agravar la situación de un sector que atraviesa serias dificultades.

Qué piden

Las organizaciones solicitaron la suspensión inmediata de la normativa y propusieron la creación de una mesa de trabajo con representantes del Gobierno provincial para analizar alternativas, alcanzar acuerdos y diseñar políticas consensuadas.