La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidió anular la condena que obligaba al Estado argentino a pagar US$16.100 millones por la expropiación de YPF en 2012.

El fallo, que se dictó por dos votos a favor y uno en contra, revocó en parte la decisión anterior de la jueza Loretta Preska, desestimando los principales argumentos de los demandantes relacionados con daños por incumplimiento contractual. Los jueces a cargo señalaron que los reclamos de los accionistas minoritarios no son válidos conforme a la legislación argentina.

Este fallo es significativo porque valida que la expropiación de YPF fue autorizada por el Congreso de la Nación, lo que implica que no se trata de un contrato exigible entre el Estado y los inversores. Además, se sostiene que la Ley General de Expropiaciones regula de forma completa el proceso de nacionalización, excluyendo cualquier reclamo en términos contractuales.

La decisión de la Corte también evita que se lleven a cabo embargos sobre activos estratégicos del país, como el yacimiento de Vaca Muerta, así como un pago que podría haber afectado fuertemente las finanzas del Estado. Esto representa un alivio importante tanto para el gobierno como para la economía nacional.

El futuro inmediato sugiere una mayor estabilidad en torno a la cuestión de la expropiación de YPF, aunque existen posibilidades de que los demandantes apelen esta decisión. Sin embargo, el fallo refuerza la posición de Argentina, que sostiene que cualquier reclamación por la expropiación debería resolverse a nivel local.

A medida que el caso continúa desarrollándose, la resolución de la Corte podría tener un impacto positivo en la percepción internacional del país, lo que a su vez podría influir en la inversión y la confianza de los mercados. Todo indica que el desenlace de esta disputa judicial será clave para el futuro económico y financiero argentino.