El juez federal de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, ordenó investigar penalmente al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y al titular del PAMI, Esteban Leguizamo, por el presunto incumplimiento de deberes de funcionario público y desobediencia a la autoridad. La decisión judicial se adoptó tras denunciarse el acatamiento insuficiente de las órdenes emitidas para regularizar los pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad.

Origen de las medidas judiciales

El expediente responde a un amparo colectivo presentado en mayo frente a la interrupción e imprecisiones en las liquidaciones a prestadores. En junio, el magistrado dispuso una medida cautelar con el objetivo de regularizar de manera inmediata la cadena de pagos. Más tarde, en agosto, requirió documentación técnica para constatar el avance de las transferencias requeridas.

Sin embargo, la abogada patrocinante de la causa, Marta Lastra, hizo una presentación donde formalizó la denuncia por falta de cumplimiento. Según lo expuesto en el escrito, el programa Incluir Salud —bajo la órbita del Ministerio de Salud— no envió los informes solicitados, mientras que la información provista por el PAMI fue entregada de forma incompleta.

Paso de la causa a la Fiscalía

Ante la persistencia de los retrasos, Vaca Narvaja remitió las actuaciones al fiscal federal Carlos Casas Nóblega para que analice si la conducta de los funcionarios configura un delito penal. Asimismo, el juez señaló que resulta factible una citación a indagatoria para el ministro de Salud en caso de que el Ministerio Público Fiscal compruebe las irregularidades señaladas.

Frente a los planteos del Poder Ejecutivo, que argumentó demoras vinculadas a tareas de reorganización administrativa y situaciones en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el magistrado descartó que tales justificaciones sean válidas para fundamentar atrasos acumulados de diez meses en partidas que ya se encontraban presupuestadas.

De forma paralela, se conocieron datos de una auditoría realizada sobre la ex ANDIS, en la cual se detectó un desfasaje de 158 mil millones de pesos correspondiente a deudas que no registraron el paso por los controles estipulados.