Una causa judicial y política sacude a la ciudad de Córdoba tras las declaraciones del presidente del Córdoba Obras y Servicios (COyS), Santiago Pinsiroli, quien acusó al intendente Daniel Passerini de presionarlo para validar liquidaciones de horas extras por un monto cercano a los 155 millones de pesos, las cuales considera irregulares.

Según explicó el funcionario, la controversia comenzó con una auditoría interna solicitada por la Secretaría de Economía municipal para recortar gastos en el organismo, donde el 92 por ciento del presupuesto se destina al pago de personal, compuesto por unos 1.600 trabajadores. La investigación sobre el caso ya suma 14 allanamientos y quedó radicada en el Fuero Anticorrupción.

Las irregularidades halladas por la auditoría

Con un nuevo sistema de control puesto en marcha en octubre, el COyS reconoció alrededor de 500 horas extras justificadas, una cifra distante de las 4.500 horas solicitadas por el Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac).

Entre las anomalías detectadas en la revisión interna se remarcan los siguientes hechos:

  • Reclamos por un total de 155 millones de pesos en concepto de horas extras sin sustento legal.
  • Registros de empleados con hasta 250 horas extras en un solo mes, cuando el marco regulatorio autoriza hasta 30 horas mensuales y 200 anuales.
  • Presuntos intentos de usar el operativo de limpieza desplegado durante la visita del papa León XIV a Córdoba para respaldar otras planillas de cobro.

Presiones gremiales y falta de respaldo

Pinsiroli sostuvo que, al negarse a firmar autorizaciones por fuera de la ley, comenzó a sufrir presiones directas del gremio Surrbac, que incluyeron advertencias sobre posibles suspensiones de los servicios de barrido y recolección. El funcionario señaló que actualmente cuenta con custodia policial debido a las amenazas recibidas.

Asimismo, manifestó no haber tenido apoyo político por parte del Ejecutivo municipal y cuestionó el poder que ejerce el sindicato en la toma de decisiones internas del COyS, señalando que influye en contrataciones, desvinculaciones y salarios, además de retrasar la entrega de datos de los relojes de control de personal.