El Gobierno modificó el RIGI para habilitar filiales extranjeras
El Ejecutivo nacional modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a través del Decreto 1366/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida flexibiliza los requisitos para que las empresas radicadas en el país sean consideradas proveedores locales, habilitando la participación de filiales y subsidiarias de compañías internacionales.
Qué cambia en la definición de proveedor local
Hasta el momento, para que una firma fuera catalogada como proveedora local dentro del esquema del RIGI debía cumplir dos condiciones: estar constituida y domiciliada en la Argentina, y que al menos el 51% de su capital o de los votos de control perteneciera a personas o empresas con domicilio fiscal en el país.
Con la nueva disposición, la segunda exigencia quedó eliminada. La condición de proveedor local quedará determinada únicamente por la constitución y el domicilio de la sociedad dentro del territorio nacional, sin tener en cuenta la nacionalidad de los accionistas ni la composición del capital social.
Sectores y proyectos alcanzados
Las modificaciones inciden en las contrataciones de bienes y obras asociadas a grandes desarrollos mineros, petroleros, energéticos y de infraestructura. El régimen impone a los titulares de los proyectos la obligación de destinar al menos un 20% de la inversión prevista a proveedores locales, siempre que exista oferta disponible en precio, calidad y plazos requeridos.
Aunque el porcentaje mínimo del 20% se mantiene sin cambios, la ampliación del universo de empresas impactará en proyectos de envergadura, entre los que se destacan:
- Proyectos de cobre en San Juan, como Vicuña y Los Azules.
- Desarrollos de litio, como Rincón en Salta y ampliaciones productivas.
- El proyecto de cobre Agua Rica en Catamarca.
- Inversiones en Vaca Muerta, gasoductos, oleoductos y plantas de procesamiento.
Repercusiones y postura oficial
La medida generó preocupación y cautela en el sector industrial de capital nacional, donde representantes señalaron que las empresas argentinas deberán competir de manera directa con subsidiarias de corporaciones internacionales que cuentan con mayor capacidad de financiamiento, escala y antecedentes.
Por su parte, los fundamentos de la normativa oficial argumentan que la composición del capital no debe representar un impedimento para integrar la cadena de suministros y que el objetivo de la medida es incrementar la cantidad de oferentes disponibles para los grandes proyectos.