El Gobierno nacional busca generar unos US$500 millones a través de la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), una medida que se programará para los próximos días.

Durante su visita a Washington, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó su estrategia para hacer frente a los vencimientos de deuda, que incluye la posibilidad de privatizaciones. Esta iniciativa no solo intenta mejorar la situación financiera del Estado, sino que también busca atraer inversiones privadas en un contexto de escasez de dólares.

La estrategia incluye la publicación inminente del contrato de concesión y el inicio de un proceso de licitación para vender la mayor parte de las acciones de Aysa, una empresa pública que abastece de agua a gran parte del país. Este proceso ha sufrido demoras y se había proyectado inicialmente para fines de 2023, pero ahora se espera que pueda concretarse a finales de este mes.

El traspaso a manos privadas no será inmediato; se deberá evaluar las ofertas y la capacidad técnica de las empresas interesadas. Se estima que el proceso total tomará aproximadamente tres meses desde la publicación de la licitación hasta la adjudicación.

El Gobierno asegura que hay varias empresas interesadas en participar. Entre ellas, destacan la brasileña Sabesp, la francesa Veolia y el grupo Roggio. Esta diversificación de interesados podría contribuir a una mayor competitividad y transparencia en el proceso.

Según la Ley Bases, el operador privado manejará el 90% de las acciones de Aysa, mientras que el 10% restante quedará en manos de los trabajadores. La privatización tiene como objetivo no solo mejorar la gestión de los recursos hídricos, sino también aliviar la carga financiera del Estado.

Además, se aprobó un presupuesto para Aysa, que prevé un superávit financiero de $4.886 millones para este año. Esto también podría hacer más atractiva la inversión privada, ofreciendo una perspectiva de viabilidad en el negocio.

Privatizaciones como solución a la deuda

Aysa no es la única empresa prevista para privatización; el Gobierno busca avanzar con similares procesos en Belgrano Cargas, Corredores Viales y otras empresas estatales. Esta estrategia se diseñó en un contexto donde el Gobierno enfrenta vencimientos de deuda que podrían superar los US$4.200 millones hasta julio.

Caputo ha mencionado la posibilidad de recaudar hasta US$2.000 millones a través de estas privatizaciones, crucial dado el calendario de pagos en moneda extranjera que enfrenta el Tesoro. Hasta finales de 2026, se estima que los compromisos ascienden a unos US$9.000 millones.

Paralelamente, el Gobierno está buscando asegurar fondos adicionales a través de garantías de bancos internacionales, además de lo que se logre por medio de la emisión de deuda en el mercado local. Esto podría generar un total de US$10.000 millones para afrontar la presión financiera del Estado y sus obligaciones.

Para el ciudadano común, estas medidas pueden tener un impacto directo en la calidad y disponibilidad de servicios básicos como el agua. La privatización de Aysa también podría influir en las tarifas, generando incertidumbre entre los usuarios sobre cómo se verán afectados en su vida cotidiana.