La Cámara de Transporte de Santiago del Estero (CATSE) presentó un amparo colectivo para que la Justicia Federal de la Capital Federal suspenda la aplicación del Decreto 612/2026, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en julio pasado. La norma corrigió los alcances de la reglamentación de la reforma laboral y puso a salvo los fondos de la caja sindical, según había anticipado Infobae. El decreto fue consensuado entre el Gobierno y la CGT para aclarar la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que había restringido aún más las cuotas solidarias y las contribuciones patronales.

El impacto en las pymes

CATSE, que reúne a pymes de transporte de cargas y logística de esa provincia, señaló en su presentación que el último decreto aumenta de manera inmediata un 18,87% el costo mensual por trabajador al modificar la base de cálculo de aportes y contribuciones laborales. Según la demanda, el cambio impone una carga insostenible para las pequeñas y medianas empresas del sector y viola derechos consagrados por la Constitución Nacional y leyes federales.

El escrito, encabezado por el presidente de CATSE, Federico Lo Bruno, apunta a frenar los efectos del decreto, que aumentó los costos sin una modificación de la ley ni de los convenios colectivos vigentes. Lo que está en juego es la manera en que se calcula el límite legal para sumar aportes y cargas económicas a los salarios, según lo fija el artículo 9° de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo, reformada por la Ley 27.802.

Cifras concretas

Hasta junio de 2026, la base de cálculo era el salario básico convencional de cada trabajador, según el anterior Decreto 407. El nuevo decreto agregó “las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual” a esa base. Para el convenio de los camioneros, un chofer de primera categoría tenía un salario básico de $1.060.010,29 y con la nueva fórmula la base sube a $1.260.010,29. Eso representa $200.000 extra por trabajador cada mes, un incremento del 18,87%.

La cámara sostiene que este aumento no proviene ni de la ley ni de los acuerdos colectivos, sino sólo de la decisión administrativa del Poder Ejecutivo, y que su aplicación automática afecta al flujo de caja de las empresas, sobre todo en un sector donde la mano de obra representa el mayor costo. Además, plantea que el decreto vulnera la previsibilidad y la seguridad jurídica al modificar “de la noche a la mañana” un sistema que regía desde principios de junio.

CATSE detalla que el Decreto 612 entró a regir “desde su dictado” el 17 de julio, pero recién fue publicado el 20. Por eso, solicita que la Justicia declare que no puede exigirse su cumplimiento en ese lapso. Si la Justicia accede al pedido, será un golpe para la estructura del Sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano.