El Superior Tribunal de Justicia del Chaco (STJ) dispuso que se efectúen descuentos salariales a los trabajadores que participaron de la medida de fuerza realizada el viernes 18 de septiembre. La medida había sido convocada por la Asociación Judicial del Chaco en oposición a una iniciativa legislativa vinculada a los haberes del sector.

La decisión del máximo tribunal provincial quedó plasmada mediante la resolución 865/26. Según lo estipulado, la Dirección General de Personal y la Inspectoría de Justicia de Paz y Faltas serán los organismos encargados de elaborar los listados de adhesión. Dichas nóminas se confeccionarán sobre la base de los registros de asistencia e informes presentados por los responsables de cada dependencia laboral.

Los argumentos de la resolución judicial

Para fundamentar la aplicación de los descuentos, el STJ señaló que la protesta se realizó en disconformidad con una iniciativa que aún debe transitar su tratamiento y debate en la Legislatura. Desde el tribunal indicaron que el proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo provincial en cumplimiento de un fallo judicial, por lo que su sola existencia no representa un incumplimiento del empleador que justifique el pago de la jornada no trabajada.

Asimismo, la resolución instó a la entidad gremial a canalizar sus reclamos mediante las instancias formales de diálogo institucional, con la intención de preservar la continuidad del servicio de justicia.

El proyecto de ley en disputa

La controversia gira en torno al proyecto de ley 2141/26, impulsado por la gestión del gobernador Leandro Zdero. La iniciativa busca establecer el concepto de «Intangibilidad» para magistrados y funcionarios alcanzados por decisiones judiciales, fundamentado en antecedentes como la causa «Alonso de Martina».

El esquema propuesto busca equiparar progresivamente las remuneraciones con la media nacional de cargos equivalentes. Para ello, establece una implementación en cuatro semestres:

  • Primer tramo alcanzando el 85%.
  • Segundo tramo al 90%.
  • Tercer tramo al 95%.
  • Cuarto tramo al 100%, con revisiones trimestrales posteriores.

Por su parte, los representantes de los empleados judiciales advierten que esta medida podría provocar un «desenganche» salarial, evitando que las mejoras dispuestas para magistrados y funcionarios se trasladen proporcionalmente al resto de la planta de trabajadores.